Primera sesión de trabajo junto a Advisory Board

26 April, 2023

Laboratorio

El pasado martes 6 de diciembre del 2022, en el marco de la ejecución del proyecto de investigación denominado “Information and communication Technologies and its impact on Access to Civil Justice. The case of the Chilean Judicial System during the Covid 19 Pandemic”, liderado por el profesor Ricardo Lillo Lobos se reunió el Advisory Board del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas, con el objeto de entregar comentarios y recomendaciones para el 

desarrollo del Proyecto. 

Dicha instancia estuvo marcada por la presentación del Proyecto a los asistentes, así como por la explicación de sus etapas, el equipo que lo compone y cada una de las metas que se proyectan para el término de su ejecución. Posterior a la presentación del proyecto, los miembros del Advisory Board entregaron algunas recomendaciones y comentarios respecto al Proyecto y sus posibles líneas de investigación. 

El Advisory Board del Laboratorio de Justicia centrada en las personas se compone por la Decana de la Facultad de Derecho Isabel Aninat, Dory Reiling (Retired Senior Judge at the Amsterdam District Court), los directores del Centro de Investigación en Derecho y Sociedad profesor Javier Willenmann y profesora Mayra Feddersen, Sergio Araya (Decano de la facultad de Diseño de la UAI), Gonzalo Pavon (Director de comunicaciones corporativas y marketing de la UAI),  María Eugenia Sandoval (Ex Ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Chile) y José Ignacio Ovalle (Socio de Barros & Errázuriz) 

“Esta instancia permite entregar una mirada preliminar del proyecto que buscamos desarrollar durante los años que siguen. El objetivo de esta reunión fue el conocer la mirada de los expertos y las expertas en la materia que componen el Advisory Board, de manera de poder integrar parte de sus comentarios en el trabajo que estamos desarrollando”, explicó Ricardo Lillo Lobos, director del Proyecto. 

El proyecto es financiado por la Tinker Foundation y tiene una duración de 30 meses. Parte de sus objetivos es generar recomendaciones de política pública sobre la correcta implementación de herramientas tecnológicas y la digitalización de la justicia. El proyecto busca entregar estándares generales de aplicación para el desarrollo de proyectos de innovación o digitalización aplicados en el sistema judicial.